La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que su gobierno ha decidido dejar sin aplicación el impuesto del 8% a los videojuegos previsto para 2026, en virtud de las dificultades insuperables que se presentan para hacer efectiva su implementación. En una conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana argumentó que aplicar ese gravamen sería inviable debido a la complejidad de separar con claridad los títulos de videojuegos que contienen contenido violento de aquellos que no lo tienen.
Según Sheinbaum, si se implementara el impuesto, se generarían dudas y debates sobre quién deberá determinar el contenido de cada videojuego: una dependencia o agencia gubernamental. La presidenta explicó que ella misma había solicitado retirar ese gravamen, ya que consideraba que la aplicación del impuesto supondría un gran desafío para los desarrolladores y distribuidores de videojuegos.
La decisión de no aplicar el impuesto se fundamenta en la complejidad inherente a determinar qué tipo de contenido es violento y qué no lo es. Sheinbaum destacó que, en un mundo digital donde la información y el entretenimiento están cada vez más interconectados, es difícil establecer límites claros entre lo que es y no es “violento”. La presidenta consideró que esta incertidumbre podría generar confusiones y disputas entre los actores del sector de los videojuegos.
Además, Sheinbaum argumentó que la aplicación del impuesto tendría un efecto negativo en el crecimiento económico y en la creación de empleos en el sector. La presidenta sostuvo que la decisión de no aplicar el impuesto es un paso hacia la estabilidad y la seguridad jurídica para los desarrolladores y distribuidores de videojuegos.
La medida también tiene implicaciones políticas, ya que se había generado controversia entre los partidos políticos sobre la aplicación del impuesto. Algunos grupos consideraban que el gravamen era un intento de controlar el contenido de los videojuegos, mientras que otros lo veían como una forma de generar ingresos para el gobierno.
En general, la decisión de no aplicar el impuesto puede ser vista como un gesto conciliador y prudencial por parte del gobierno. Al mismo tiempo, puede generar críticas por parte de aquellos que consideran que se está retrocediendo en términos de la regulación sobre los videojuegos.
En cualquier caso, la decisión no aplicar el impuesto del 8% a los videojuegos previsto para 2026 es un ejemplo de la complejidad y la incertidumbre que rodea la regulación de la industria de los videojuegos en México. La medida puede tener implicaciones a largo plazo para el sector, ya que se espera que el mercado de los videojuegos siga creciendo en los próximos años.
